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Estaciones de subte sin ascensores y bares que no tienen baños accesibles son algunos derechos amparados por leyes y tratados internacionales pero de escaso cumplimiento efectivo.

 

 
 

¿Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todos los demás? La legislación existente asegura que sí. La accesibilidad es uno de ellos. Hace 10 años, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que la Argentina aprobó mediante la ley 26.378, estableció que es un derecho que tienen todos los habitantes del mundo. Pero basta salir a la calle para ver cómo una persona usuaria de silla de ruedas no puede, por ejemplo, elegir libremente a qué lugar quiere ir y a través de qué medio de transporte.

La accesibilidad, una necesidad urgente

Cuando el entorno no brinda las condiciones de accesibilidad y los derechos se vuelven invisibles, la cotidianeidad de las casi 300.000 personas con algún tipo de discapacidad que viven en Buenos Aires -según los últimos registros estadísticos de la Ciudad- se dificulta día a día. "Por la presencia de leyes que amparan a las personas con discapacidad, se podría pensar que el tema de la accesibilidad física está resuelto. Pero no es así: a diario nuestra ONG recibe numerosas denuncias", afirmó Dinah Schonhaut, directora de Acceso Ya.

Para revertir esta situación, es prioritario que la problemática se incluya en las agendas gubernamentales. En ese sentido, Javier Ureta Sáenz Peña, que en junio asumió la presidencia de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) y la coordinación del Plan Nacional de Discapacidad, dijo a Infobae que ya están trabajando "en un diagnóstico participativo con las instituciones dedicadas a la temática" y destacó que "lo importante es que el Estado va a garantizar estos derechos con una gradualidad de acciones, para cumplir con la Convención de la ONU". En Argentina, 5 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad permanente, de acuerdo con los datos del Censo 2010.

Sin ascensores en las estaciones de subte. Tres de cada diez estaciones de la red del Subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires no tienen ascensores, según un relevamiento realizado por la Defensoría del Pueblo porteña. Y, además, la mayoría de los pocos que hay no funcionan. Ante este panorama -que se completa con falta de escaleras mecánicas, boleterías y baños públicos adaptados- el subte se convierte en una alternativa imposible como medio de transporte para las personas que tienen alguna discapacidad motriz y necesitan trasladarse en silla de ruedas o con la ayuda de muletas, andador o bastón.

Esta falta de accesibilidad está en manos de la Justicia. En febrero pasado, la Defensoría presentó un recurso de amparo colectivo en el Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad para exigir un plan de readecuación de las estaciones. Fuentes judiciales indicaron que la causa está avanzada y próxima al dictado de la resolución.

En la empresa SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado) señalaron que "se está trabajando en un plan para adecuar, a lo largo de 10 años, todas las estaciones de la red. El proyecto implica 211 millones de dólares y consiste en la adecuación de unas cinco estaciones por año, dando prioridad a las cabeceras y a los nodos de conexión entre diferentes líneas, por la cantidad de pasajeros que circulan diariamente".
"Si hay que esperar 10 años para la creación de accesibilidad, la cuestión es el mientras tanto. Por eso, pedimos planes alternativos, como por ejemplo un sistema de combis o colectivos equipados especialmente que realice los recorridos de la red de subte en los horarios de mayor demanda", explicó a Infobae el Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor.

Sin baños accesibles en bares y restaurantes

Ir a un bar, salir de compras o asistir a un espectáculo son actividades simples y cotidianas de las que nadie debería verse privado. Pero existen numerosos comercios porteños que discriminan a las personas con discapacidad porque para poder ingresar deben sortear escalones o desniveles, entre otras barreras arquitectónicas. Bares, restaurantes, negocios de distintos rubros, salas de espectáculos y todo tipo de espacios e instituciones no cuentan con baños adaptados.

Esos locales no cumplen con la ley porteña 962, sancionada en 2003, que modificó el código de edificación de la Ciudad con el objetivo de brindar "accesibilidad física para todos". Analía Barone -31 años, estudiante de periodismo y voluntaria de Acceso Ya- se maneja con silla de ruedas y andador. Conoce muy bien las limitaciones que le impone el entorno. "Siempre digo que lo que discapacita es el entorno. No puedo ir al bar, al teatro o al cine que quisiera, tengo que conformarme con el lugar que me da acceso y eso limita mi desarrollo personal y social", reclamó.

En el ámbito del Gobierno de la Ciudad, la COPIDIS (Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad) trabaja en forma articulada con distintas dependencias del GCBA para dar cumplimiento a la ley 962.

Su presidenta, Mercedes Rozental, contó a Infobae que elaboraron una aplicación, BA Accesible, que permite marcar en el mapa de la Ciudad bares, restaurantes, museos, teatros, hoteles, edificios gubernamentales, entre otros espacios, sobre los que cada usuario, de manera colaborativa, puede señalar qué tipo de apoyos accesibles tiene -desde baño adaptado, rampas y ascensores, hasta si se dispone de información en braille- y valorar la accesibilidad del establecimiento en general. También confeccionaron un Manual de Diseño Universal "con el objetivo de introducir a los profesionales de la construcción en el nuevo paradigma de ciudad inclusiva".

Por su parte, Ermelinda Garbini, directora de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, apuntó que, "dado que muchas actividades comerciales anteriores a la vigencia de la ley no se encuentran alcanzadas por la norma, nos reunimos con la Asociación de Bares y Restaurantes de la Ciudad para brindarles información y capacitación que permita avanzar en la adaptación de los locales".

Sin permiso para ingresar con el perro guía

El 49% de los hoteles y hostels de la Ciudad no aceptan el ingreso de los perros guías o de asistencia que acompañan a las personas no videntes, según los resultados de un reciente relevamiento realizado por la Defensoría. El sondeo, realizado en establecimientos de 3, 4 y 5 estrellas, arrojó que casi la mitad no permite el ingreso de mascotas, conjunto en el cual consideran a los perros de asistencia. "Sólo el 24% los acepta; el resto no contestó", informó José Palmiotti, defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad.

Hay una ley nacional, la 26.858, que brinda este derecho, sancionada en 2013. Asegura que toda persona con discapacidad acompañada por un perro guía o de asistencia puede acceder, deambular y permanecer en lugares públicos y privados de acceso público -entre los que se incluyen hoteles, establecimientos en general y lugares en que se presten servicios relacionados con el turismo- y también en todo transporte público y privado. Establece que el ejercicio de este derecho consiste en la "constante presencia" del perro acompañando a la persona con discapacidad y que al usuario no debe ocasionarle "ningún gasto adicional".

El perro debe estar sujeto por correa o arnés -no es obligatorio el uso de bozal-, cumplir con las condiciones higiénicas y sanitarias, poseer certificado de adiestramiento y, al igual que el usuario, debe estar identificados mediante un distintivo oficial.

En la Defensoría puntualizaron que en la mayoría de los casos la denegación del acceso del perro guía se debe al desconocimiento de la norma. Por eso creen que es necesario que se implementen campañas o programas de difusión.

Sin menúes en braille en los bares

Las cartas que describen la oferta gastronómica de los bares y restaurantes -con sus precios- tienen que estar disponibles en sistema braille. Así lo dispone la ley 66 de la Ciudad. En el último año, Defensa al Consumidor de la Ciudad labró 120 actas de infracción a restaurantes que no contaban con la carta escrita en sistema braille. En ese organismo informaron que las sanciones por incumplir esta norma oscilan, de acuerdo al tipo de comercio y la cantidad de gente que potencialmente puede ser objeto del incumplimiento, entre 5.000 a 50.000 pesos.

Cumplir con la ley porteña va de la mano con el deber del local de brindarle a todos los clientes información cierta y clara, como dice el artículo 4 de la ley de Defensa del Consumidor (24.240).

Sin acceso a contenidos audiovisuales

Son pocos los programas televisivos que han incorporado el subtitulado oculto (closed caption), lenguaje de señas y audio descripción. Las personas con discapacidades sensoriales tienen derecho a esos formatos accesibles, según lo establece el artículo 66 de la ley nacional 26.522 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual).

La norma dice que las emisiones de canales de televisión abierta, las señales locales de producción propia en los sistemas por suscripción por cable y los programas informativos, educativos, culturales y de interés general de producción nacional deben incorporar esos medios de comunicación visual adicional para que las personas con discapacidades sensoriales puedan recepcionarlos.

Para establecer criterios e impulsar su efectivo cumplimiento, la Dirección de Derechos de Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad participa en una mesa de trabajo junto con las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el organismo encargado de regular la implementación de esta ley.

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